El próximo 25 de mayo estamos llamados a participar en las Elecciones Europeas. La actual situación social y política cuestiona el primitivo proyecto de la Unión y numerosos ciudadanos sienten la lejanía de unas instituciones europeas que parecen tener poco en cuenta las necesidades de la gente común, en especial las de la población más vulnerable. Europa se está jugando la fidelidad a su proyecto originario: ser una comunidad sustentada en la democracia, en la solidaridad efectiva entre los pueblos y en el respeto escrupuloso de los derechos humanos. Este proyecto sólo será creíble si esos ideales se traducen en políticas económicas y sociales que hagan avanzar los derechos sociales que reclama masivamente la ciudadanía, superando las desigualdades, regionales y sociales, y poniendo en el centro la integración política y social de los grupos y personas en peores condiciones.
En relación a la cuestión migratoria, el Programa de Estocolmo (2009-2014) sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) va a finalizar y en breve se adoptará un nuevo programa para los próximos años. El Parlamento Europeo tiene la tarea de co-legislar en prácticamente todas las cuestiones sobre fronteras, inmigración y asilo, de modo que es importante que nos planteemos y planteemos a los grupos políticos desde qué valores y prioridades abordan los asuntos relacionados con la cuestión migratoria.
Con la referencia de la Doctrina Social de la Iglesia, que “tiene una función inspiradora en la construcción de una sociedad digna del hombre” (EE nº 98) y que nos llama siempre a colaborar en la consecución del bien común y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, desde esta Delegación de Migraciones queremos compartir con la comunidad cristiana y con la sociedad en general esta reflexión de cara al próximo proceso electoral, resaltando la necesidad de incluir un debate sosegado y ajustado a la verdadera complejidad de la cuestión migratoria. Hemos de huir de visiones simplistas e interesadas del fenómeno migratorio. Sólo así será posible entenderlo en toda su globalidad, y desde ahí asumir la responsabilidad que nos corresponde y lo mucho que nos jugamos en la formulación de correctas políticas migratorias y de integración de la población extranjera, que sólo desde la aceptación plena y para todos de los derechos humanos podrán contribuir a la construcción de una Europa más próspera, igualitaria y cohesionada.
Los obispos españoles, en su reciente nota con motivo de estas elecciones, hacen una llamada de atención para que no olvidemos los daños que la crisis económica y financiera ha causado en Europa. El reciente informe de Cáritas Europa muestra un aumento preocupante de la pobreza en todo el continente. Aumento que viene acompañado de más desigualdad, consecuencia del enriquecimiento de una minoría a los que la crisis ha beneficiado a costa del empobrecimiento de los más vulnerables. Datos como las altas tasas de pobreza infantil y el desempleo estructural ponen rostro a esta situación. España y Grecia son los países con mayor índice de pobreza, y donde ésta más ha aumentado, convirtiéndose en crónica para millones de personas.
El análisis de la situación de Cáritas pone de relieve que han sido las políticas de ajuste (propuestas por la Unión Europea como parte integrante de la troika) las que han propiciado esta situación de empobrecimiento generalizado. La Europa de los Derechos Sociales está en juego, pues se cuestiona por parte de algunos la viabilidad de lo que ha sido la bandera europea: la Europa social y de los pueblos, comunidad solidaria cuyas políticas redistributivas han garantizado el derecho y han puesto los medios para que toda persona, independientemente de su estatus social, económico o cultural pueda alcanzar una vida digna.
Las políticas económicas y sociales de la Unión no pueden hacerse a costa de los más débiles. En consecuencia, la población emigrante no ha de convertirse en el “chivo expiatorio” de la situación. El emigrante no es el enemigo del europeo empobrecido, precarizado o sin empleo. El racismo y la xenofobia que peligrosamente emergen desde mensajes populistas han de ser combatidos poniendo en el centro del debate la innegociabilidad de los derechos humanos, la necesaria contribución de todos al bienestar común, y la exigencia de un cambio de las políticas de recortes sociales por otras que prioricen el empleo de los recursos, que existen, en una mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables sin excepción. Como nos ha explicado Cáritas, sólo con la mitad del rescate a las autopistas de peaje se puede acabar con la pobreza en España. No es cuestión de falta de recursos económicos, sino de prioridades. La población extranjera vulnerable, como el resto de empobrecidos, es víctima, y no culpable, de la actual crisis.
En el análisis de la situación europea no podemos olvidar dos cuestiones: por un lado, el enriquecimiento que ha traído a nuestra sociedad la presencia de población inmigrante, con un crecimiento económico que sólo fue posible gracias a la llegada de una población extranjera que ocupó los puestos más bajos del mercado de trabajo, así como el valor social de muchas de estas ocupaciones. La necesidad de población extranjera para mantener el crecimiento vegetativo y el sistema productivo es una realidad en toda Europa.
Y en segundo lugar, el imperativo ético de acercarnos a la cuestión migratoria con honestidad, asumiendo nuestras propias responsabilidades desde un escrupuloso respeto a los derechos humanos. Se nos ha hablado en los últimos meses de “avalancha”, de “invasión”, de peligrosas hordas de hambrientos, de miles y miles de africanos dispuestos a asaltar las ciudades de Ceuta y Melilla, para saltar desde allí a la península y acabar con nuestro frágil bienestar. Esta visión es completamente simplista y desajustada. Regular el fenómeno migratorio es complejo y exige grandes esfuerzos por parte de todos, pero no se conseguirá con falsos mensajes. Por Ceuta y Melilla entró en 2013 menos del 5 % de la población irregular que llegó a Europa. La presión migratoria en la isla de Lampedusa y en la frontera griega es mucho mayor. “La UE tiene una frontera exterior común. La responsabilidad de la recepción e integración de los inmigrantes y solicitantes de asilo debe ser compartida proporcionalmente por los estados miembros. Es de vital importancia que el tratamiento de los inmigrantes en cada punto de entrada de la UE sea humano, que sus derechos humanos sean respetados escrupulosamente, y que, posteriormente, se haga todo lo posible, también por parte de las Iglesias, para asegurar su integración con éxito en la sociedad de acogida”. (Nota para las elecciones europeas de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea).
Se intenta culpar inmisericordemente de esta situación a la población subsahariana que intenta entrar en Europa. Pero nos olvidamos de las causas de esta inmigración. No interesa sacarlas a la luz, porque en ellas hay oscuros intereses de nuestros gobiernos y empresas. La colonización europea de África supuso el comienzo del expolio de sus recursos y la desestructuración de unas sociedades que todavía continúa. En el nuevo contexto de la globalización, África se constituye en lugar geoestratégico clave, por sus materias primas, y por el potencial de consumo de sus jóvenes sociedades, donde el crecimiento económico y las oportunidades de negocio para una minoría van de la mano de la pobreza, de la muerte y del sufrimiento de buena parte de su población. La guerra de Libia, apoyada por la Unión Europea, es un ejemplo significativo de las consecuencias de la ambigüedad y del doble juego (humanitario y estratégico) de Europa. El aumento de la inseguridad en todo el Sahel (Níger, Malí, Chad, R. Centroafricana…), con intentos de golpes de estado, surgimiento de guerrillas, mayor presencia de terrorismo islámico, guerras civiles… es consecuencia directa del caos en el que se ha instalado Libia tras el derrocamiento de Gadaffi, con un régimen bendecido por la comunidad internacional. Los conflictos en África siempre están relacionados con el acceso a los recursos naturales y junto a los grupos locales enfrentados, hay intereses de compañías occidentales. El coltán de nuestros móviles es la causa principal de los enfrentamientos en la región de los Grandes Lagos. Pero igual podíamos hablar de los diamantes en Sierra Leona, o el petróleo en Chad y Sudán. Añadamos el acaparamiento masivo de millones de hectáreas de tierra en África (como están haciendo empresas españolas en Guinea Bissau vulnerando el derecho consuetudinario local), la especulación en Bolsa con el precio de los productos básicos agrícolas africanos (sobre todo en la City londinense), y las repercusiones del cambio climático en África (producido por nuestro modo de vida y consumo, no por el de sus habitantes) para que comprendamos por qué África muere y emigra; pero sobre todo, para que entendamos que en esa muerte y en ese sufrimiento tenemos una parte importante de responsabilidad los estados europeos por acción, y sus ciudadanos por omisión.
Las raíces de la emigración africana están en una falta de futuro en estos países, consecuencia directa de una situación compleja, con causas históricas que hunden sus raíces en la colonización europea (y en una post-independencia dependiente de las antiguas colonias y de las instituciones financieras internacionales), con nuevos actores en la era de la globalización (los denominados BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y con frágiles sociedades civiles que no pueden impedir todavía que la explotación de los recursos sólo favorezca a las élites del continente y a sus socios extranjeros. Las políticas de cooperación europeas se ven lastradas por esta situación, primando los intereses económicos y geopolíticos por encima de los humanitarios. Los gobiernos europeos callan ante el incumplimiento de los derechos humanos, como en el caso de Kagame en Ruanda o de Obiang en Guinea Ecuatorial. China ha entrado en África sin preguntar por derechos humanos y con inversiones multimillonarias en la mano. Por eso Europa mira para otro lado ante situaciones de flagrante incumplimiento de estos derechos, o ante la corrupción de gobernantes, con tal de conseguir sabrosos contratos frente a sus competidores. Las políticas de cooperación, además de insuficientes, al final se convierten en meros instrumentos de la política de inversión europea en África. “Teniendo en cuenta el estado de miseria, de subdesarrollo o también de insuficiente libertad, que por desgracia caracteriza aún a diversos Países y son algunas de las causas que impulsan a muchos a dejar su propia tierra, es preciso un compromiso valiente por parte de todos para realizar un orden económico internacional más justo, capaz de promover el auténtico desarrollo de todos los pueblos y de todos los Países”. (EE 100)
Son todas estas cuestiones las que debemos tener en cuenta para acercarnos con algo más de profundidad al momento histórico actual y entender por qué ocurren las cosas y las repercusiones de nuestras decisiones. Desde la asunción de nuestras responsabilidades, para contribuir a la construcción de una sociedad cohesionada y guiada por la consecución del bien común, existen una serie de cuestiones prioritarias que deberían guiar las políticas de la Unión y que, por tanto, deberían incluirse en el debate electoral.
Las políticas migratorias deben apostar por una sociedad integrada e integradora, promover la interculturalidad y garantizar, real y efectivamente, el respeto a los derechos y a la dignidad de toda persona, independientemente de su situación administrativa. En consecuencia, y en cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la estrategia común europea de control de la frontera externa, inmigración y asilo, ha de prevalecer la debida protección de los derechos humanos sobre cualquier otro legítimo interés estatal o comunitario.
Por todo ello, y desde el Evangelio que nos llama a construir la sociedad poniendo en primer lugar a los más vulnerables, preferidos del Dios de la Vida, pensamos que en la valoración de las diversas opciones electorales hemos de tener en cuenta que:
· Se garantice la igualdad efectiva en el acceso universal a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales, atendiendo especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a todas las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa.
· No se criminalice la asistencia humanitaria brindada por individuos u organizaciones a personas inmigrantes.
· La Unión Europea impida que en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros se incluyan como requisitos para adquirir o renovar permisos de residencia el cumplimiento de determinados criterios de “integración social” que supongan “pruebas excesivas” y que no contribuyan a la valoración de la diferencia.
· Se desarrollen sistemas razonables y flexibles de regularización de personas inmigrantes, se estudien nuevos canales para la inmigración legal (visados para búsqueda de empleo) y se reabra el debate sobre la política general de visados.
· Se implante una política de retorno voluntario basado en el diálogo, y se asegure, en su caso, que el retorno forzoso se lleve a cabo en condiciones acordes con los derechos humanos.
· Se garanticen los derechos de las personas internadas, se impida el uso arbitrario del internamiento de extranjeros, se garantice que las medidas de limitación de libertad sean una medida excepcional y se busquen alternativas al internamiento.
· Se garantice la identificación y el acceso a la protección de posibles solicitantes de asilo en las fronteras de la UE, en especial en Ceuta y Melilla.
· Se provea de ayuda económica al ACNUR y a otras organizaciones de protección a los refugiados.
· Se establezcan mecanismos efectivos en los países fronterizos de la UE (como Marruecos y Argelia) que identifiquen personas con necesidad de protección y garanticen la protección necesaria.
· El derecho internacional prevalezca sobre cualquier otra norma jurídica, en especial en relación con las expulsiones “en caliente”.
· Se revise con honestidad y generosidad la política de cooperación europea, especialmente en África.
Como conclusión citamos la petición y el ruego del papa Francisco:
“¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común… ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos”. (EG, 205)
